En el marco de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el Observatorio CMIC y Transparencia Mexicana han organizado el Foro sobre Responsabilidad Penal y Administrativa en las Empresas en la Industria de la Construcción en México.
El objetivo del Foro es que las empresas conozcan a detalle los compromisos que tienen en el control de la corrupción, a la luz de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) y de la Miscelánea Penal, promulgadas el 18 de julio de 2016.
Este nuevo marco normativo, por primera vez, incluye al Sector Privado como posible sujeto de responsabilidad y sanción en el caso de verse involucrado en actos de corrupción. Las sanciones van desde multas, hasta la disolución de la empresa.
A su vez, ambos ordenamientos establecen los tipos de actos ilícitos y de corrupción en los que podrían incurrir las empresas en su interacción con el gobierno, con empresas extranjeras y nacionales. Entre estos actos se encuentran, en la LGRA; soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, colusión y uso indebido de recursos públicos.
En el Código Penal; cohecho, cohecho internacional y fraude cometido por administradores.
El Índice de Fuentes de Soborno1 (BPI, por sus siglas en inglés), publicado por Transparencia Internacional, ubica al sector de la construcción y de obra pública como el más propenso a cometer sobornos. El Índice utiliza una escala de 0 (mayor percepción de soborno por parte de las empresas) a 10 (menor percepción). El sector de la construcción obtiene una evaluación de 5.3.
De acuerdo a los resultados del BPI, en términos generales, dado que los contratos y los proyectos de construcción son grandes y únicos, no es fácil establecer un punto de referencia en costos y tiempos, lo cual facilita esconder e inflar gastos adicionales. Y, dado que se trata de una industria fragmentada, que involucra a contratistas y subcontratistas, resulta complejo hacer un rastreo de pagos, así como la difusión de estándares para el sector. Por ello, es fundamental que la industria de la construcción conozca e incorpore lo establecido en el nuevo marco normativo anticorrupción de nuestro país, teniendo como prioridad atacar la corrupción pero sobre todo terminar con la impunidad.
La corrupción cobra vidas y limita la competitividad y el desarrollo económico de México. El compromiso del sector privado y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en el control de la corrupción es indispensable para propiciar mejores condiciones de vida en el país.
A partir del día de hoy la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se suma a la coalición #VamosPorMàs integrada por las cúpulas empresariales, académicos, organizaciones civiles organizadas.